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Es obvio que España y Catalunya padecen un problema relacionado con el precio de los alquileres de la vivienda, que afecta especialmente a los más jóvenes en las grandes urbes del país y requiere una intensa atención de las administraciones públicas. Como siempre, el problema es definir correctamente cuáles son las prioridades y cuáles son las mejores medidas para que el acceso a la vivienda no se convierta en un objetivo inalcanzable que perpetúe la dependencia familiar y económica de las nuevas generaciones.
Con esta óptica se debe contemplar la nueva norma pactada por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que preside Pedro Sánchez. Este último se limitó ayer, en el Foro Urbano de Sevilla, a explicar que entre las nuevas medidas contempladas se incluyen ayudas al alquiler para los jóvenes y los ya emancipados y que han formado una familia. Sin duda, estas medidas están entre las que serán más populares. Queda la duda de quién se beneficiará al final de tal tipo de subvenciones, pues es sabido que muchas veces esas ayudas acaban considerándose un ingreso asegurado y se acaba trasladando directamente al propietario un aumento no deseado del alquiler.
El control de los alquileres es el punto controvertido de la norma pactada
Y esto nos lleva al segundo aspecto de la nueva propuesta de norma, el control de precios mediante la introducción de determinados índices en función de las zonas y las características de la vivienda. Medidas que además de ser, en la mayoría de los casos, ineficaces, apuestan por un control del mercado que no parece lo más adecuada.
Además, puede acabar ahuyentando a potenciales inversores, del país y exteriores, que aportan capitales necesarios para financiar la masiva construcción de viviendas de alquiler que necesita España con objeto de atender la demanda existente, fundamentalmente entre los jóvenes.
Tal vez por simple precaución y para evitar esas consecuencias negativas que comentamos, la propuesta anunciada ayer ha dejado la decisión de efectuar esa intervención a las autonomías y los ayuntamientos, que serán los que deberán adoptar la limitación o reducción de los alquileres en las zonas más tensionadas de sus respectivos territorios.
También debe contemplarse con la misma óptica el amplio abanico de medidas, con una inversión superior a los 6.000 millones de euros, para facilitar una masiva construcción de pisos de alquiler en todo el Estado, el programa de rehabilitación –principalmente energética– de edificios, e importantes ayudas sociales, principalmente dirigidas a los jóvenes para que puedan crear su propio hogar e independizarse de la familia. Esta es justamente la política de vivienda que debe hacer el país, por la que hay que felicitarse, y en la que deberán participar activamente las autonomías y los ayuntamientos.
La medida más popular de las anunciadas por Sánchez ha sido el bono de 250 euros para facilitar el pago del alquiler de una vivienda a los jóvenes de entre 18 y 35 años, así como una ayuda del 40% del valor del alquiler para aquellos que ya hayan creado una familia. Pero lo fundamental, pese a todo, es que puedan haber muchas más viviendas en alquiler lo antes posible. Sánchez espera que se puedan construir más de 100.000 nuevas viviendas asequibles y rehabilitar otro medio millón en seis años. Eso podría crear, asimismo, mucho empleo y facilitar una salida profesional para muchos jóvenes, lo que a su vez podría ayudarles a independizarse y acceder a su propia vivienda. Pero para que ese bonito escenario se cumpla no bastan solo los fondos de recuperación europeos. Sánchez necesitará contar con la ayuda del capital privado, tanto nacional como internacional, y para ello la medida de intervenir los alquileres, que han propuesto sus socios de Unidas Podemos, tal vez no le será de mucha ayuda.
