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Casado y las eléctricas han reaccionado indignados contra el plan del Gobierno para reducir el precio de la luz. Acusan a Sánchez de intervenir el mercado, cuando lo que hay es un oligopolio de manual y un sistema escandaloso de fijación de precios que contravienen las normas más elementales del libre mercado
Por fin actuó el Gobierno frente a la escalada de precios de la luz. No lo hizo a lo bestia, aunque Pablo Casado ya vaya por ahí clamando que estamos ante una expropiación de corte castro-chavista. Se trata de un plan de choque de seis meses de vigencia en el que las compañías eléctricas solo aportarán la tercera parte del esfuerzo para la rebaja del recibo; el 66% restante lo pondrá el Estado, bajando sustancialmente los impuestos al servicio. Las eléctricas han puesto el grito en el cielo, y lo han hecho con un argumento que se ha convertido ya en eslogan cada vez que el Estado osa tocar los intereses de grandes poderes económicos: que la “intervención de los mercados” crea “inseguridad jurídica”.
Veamos al respecto tres consideraciones:
Eso que llaman “los mercados” es, en el caso de las eléctricas, un oligopolio que contraviene las normas más elementales del libre mercado. Las grandes compañías del sector –Endesa, Iberdrola, Naturgy- tienen intereses en las distintas fases de generación, transformación y distribución. Y son además las principales beneficiarias de un peculiar esquema de fijación de precios que conduce por lo general a que todos los kilovatios se cobren al precio de aquellos de más costosa generación (termoeléctrica y nuclear), con lo que los precios más baratos de las renovables rara vez se trasladan al bolsillo del consumidor. Es, caricaturizando, como si compráramos en el mercado lentejas, arroz, patatas y caviar y nos cobraran por todos los ítems el precio del caviar por ser el último producto que entró en el carrito de la compra. El hecho de que este sistema haya sido impuesto por la Unión Europea no lo exime de controversia. Estoy seguro de que Adam Smith se revolvería en su tumba si se enterase de esta singular manera de entender el mercado. Súmese a ello que España, en parte por su condición geográfica, pero también por una antigua falta de voluntad política, es de lejos el país europeo menos interconectado con mercados eléctricos de terceros países, con los efectos adversos que esta limitación tiene para la libre competencia.
Eso que llaman peyorativamente “intervención” lo contempla la Constitución. En concreto, el artículo 128. En su punto 1 dice: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad está subordinada al interés general”. Y en su punto 2 “reconoce la iniciativa pública en la actividad económica”, permitiendo al Estado ocuparse de la prestación de los servicios esenciales e incluso “intervenir empresas cuando lo exija el interés general”. En este momento hay un problema muy serio de interés general: el precio de la luz se ha disparado un 250% desde febrero, y sigue al alza. Ahora bien: el Gobierno no prevé crear una compañía eléctrica pública (como lo fue Endesa antes de su privatización por el PP) ni, mucho menos, expropiar las empresas privadas existentes (como lo es hoy Endesa, propiedad en un 70% de una compañía cuyo accionista mayoritario es, ironías del capitalismo, el Estado italiano). Lo que hará es recortar temporalmente a las eléctricas los “beneficios caídos del cielo”, como se conocen las jugosísimas ganancias que vienen obteniendo desde hace años dichas empresas con el polémico sistema de precios, beneficios que ahora han aumentado gracias al alto precio del gas. ¿Podemos hablar de intervención? Sin duda. ¿Se puede criticar la medida? Por supuesto: bienvenido el debate. En todo caso, es una intervención pacata si se la compara, por ejemplo, con la nacionalización temporal de varios bancos durante la crisis de 2008 para limpiarlos, con el dinero de los contribuyentes, de sus activos dañados. Esta intervención sí que les molaba los sedicentes defensores del libre mercado; tanto, que no la denominaban intervención, que es palabra desagradable, sino rescate.
Eso que llaman “inseguridad jurídica” se ha convertido en un coco que esgrimen los corifeos del neoliberalismo y los inversionistas que temen –legítimamente- por sus dividendos cada vez que el Estado interviene en el mercado. O, para ser más precisos, cada vez que el Estado interviene en el mercado en favor de los ciudadanos y no, como hace en la mayoría de los casos, en favor de las grandes compañías. Por supuesto existen ejemplos de inseguridad jurídica, algunos de los cuales han conducido a países al abismo. Pero, seamos serios, lo que sucede ahora con las eléctricas no es el caso. El miércoles, al día siguiente del Consejo de Ministros que aprobó las medidas para contener la escalada de precios de la luz, las acciones de Endesa e Iberdrola experimentaron caídas significativas (del 6,39% y el 5,79%, respectivamente) y las de Naturgy también bajaron, aunque solo un 0,41%. El jueves, las caídas de las acciones de Endesa e Iberdrola se suavizaron de manera ostensible (0,90% y 1,46%), mientras que Naturgy registró una subida del 0,32%. No ha habido la estampida de capitales ni la debacle que quizá desearían algunos patriotas de pulsera rojigualda para arremeter con gusto contra el Gobierno. Los grandes capitales siempre vociferan cuando les tocan sus beneficios, pero saben discernir muy bien dónde hay y dónde no inseguridad jurídica, y dónde hay y dónde no condiciones estables para hacer rendir sus inversiones. Me atrevería a afirmar que, pese a las actuales turbulencias, el mercado eléctrico español sigue y seguirá siendo atractivo. El reto es que no lo sea a costa del bienestar de los ciudadanos.
