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El encarecimiento de la energía afecta tanto a los bolsillos de las economías familiares como a las perspectivas de crecimiento
La necesidad perentoria de poner remedio a la escalada de precios de la energía -gas y electricidad- no ha sido suficiente para desatascar la discusión en el seno de la Unión Europea. La decisión de posponer cualquier medida concreta a la cumbre del Consejo Europeo de mediados de diciembre y confiar mientras tanto las negociaciones a los ministros del ramo no hace más reflejar la división, también en esto, de los Veintisiete, que atribuyen la crisis a causas no siempre coincidentes y en la cumbre de este viernes se limitaron a aprobar una declaración genérica de apoyo a la utilidad de las propuestas elaboradas por la Comisión, asimismo genéricas.
Mientras sobre el precio de gas y electricidad se suman los efectos del aumento de la demanda en Asia, del recorte del suministro con origen en Rusia, del compromiso ambiental de gravar la producción de energía generada con combustibles fósiles y de los movimientos especulativos que desvirtúan los objetivos del mercado de emisiones de CO2, ha quedado postergada la propuesta española, apoyada por Francia, Italia y Grecia, de que la UE realice compras conjuntas de gas para lograr tarifas más ventajosas. Acaso tal medida no fuese suficiente para contener el alza de forma significativa, pero no hay duda de que el desenlace del Consejo Europeo, sin resultados tangibles, dejará que el coste de la crisis recaiga en los consumidores, particulares y empresas, que ven de qué manera el recibo de la luz no deja de subir sin que, por lo demás, las medidas adoptadas hasta la fecha por algunos gobiernos, entre ellos el de España, hayan tenido un impacto reseñable.
La confianza de algunos jefes de Gobierno como el de los Países Bajos, Mark Rutte, de que la escalada del gas y la electricidad se contendrá por la simple autorregulación del mercado o gracias a las gestiones de la Comisión, como ha dicho Angela Merkel, es más que discutible. No solo porque esperar dos meses es un tiempo excesivo a la vista de los daños causados hasta el momento por un mercado energético desquiciado, sino por el panorama de encarecimiento de los precios que se adivina rumbo a la Navidad. Algo que afectará sobre todo a los sectores sociales más vulnerables y a las empresas que, necesitadas de modular los costes de producción ante el encarecimiento de la energía y agobiadas por otros muchos cuellos de botella en la cadena de suministros, empiezan a optar por reducir su actividad. Dos factores que inciden directamente en el crecimiento cuando el objetivo número de los países de la UE es superar la crisis económica derivada de la pandemia.
En el trasfondo de la discusión dejada para diciembre por el Consejo Europeo resulta capital la dificultad para que coincidan los objetivos que se buscan con los intereses y necesidades de las compañías energéticas, recelosas ante cualquier iniciativa encaminada a reformar o retocar el funcionamiento del mercado eléctrico.
En última instancia parece inevitable porque el margen de maniobra en la fiscalidad del recibo es insuficiente para atenuar la crisis salvo que se persiga que sea el erario el único o principal perjudicado por el mecanismo de corrección que finalmente se adopte, siquiera sea hasta que se normalice la situación. Una meta demasiado lejana a tenor de los vaticinios, que en el mejor de los casos prevén que la desescalada de precios se concrete la próxima primavera, cuando quizá sea tarde para evitar muchos de los efectos en cascada provocados por unos precios de la electricidad desbocados.
