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La decisión del Tribunal General de la Unión Europea de anular los acuerdos agrícola y pesquero firmados en el 2018 entre la Comisión Europea y Marruecos, por no haber consultado adecuadamente al pueblo saharaui, supone una importante victoria jurídica y política para el Frente Polisario. El tribunal da un margen para seguir manteniendo en vigor los acuerdos, pero si Bruselas recurre, para lo que dispone de dos meses, estos seguirán vigentes hasta que falle definitivamente el Tribunal de Justicia de la UE.
El Polisario pidió la anulación de los acuerdos alegando que también se aplican al Sáhara Occidental, prevén la explotación de sus recursos naturales y favorecen la política anexionista de Marruecos sobre ese territorio. La justicia europea dictamina que esos acuerdos afectan al pueblo saharaui y requerían de su consentimiento, y reconoce al Frente Polisario como legítimo representante de los saharauis aunque no sea un sujeto de derecho internacional. Para el tribunal, no se puede comerciar con recursos del Sáhara Occidental porque es un territorio que la comunidad internacional no reconoce como parte de Marruecos.
La justicia europea anula los acuerdos UE-Marruecos por incluir el Sáhara
La sentencia es un golpe a las relaciones políticas y económicas entre la UE y Marruecos y podría abrir una nueva crisis diplomática, pero, pese al varapalo judicial, tanto Bruselas como Rabat optaron ayer por cerrar filas y seguir cooperando para garantizar la estabilidad de las relaciones comerciales. Para Marruecos su soberanía sobre el Sáhara Occidental es eje principal de su política exterior, rechaza que se cuestione su control sobre el territorio y periódicamente amenaza con replantearse sus políticas sobre migración irregular y cooperación contra el terrorismo yihadista si considera que la UE no reconoce sus postulados. El fallo es un jarro de agua fría para Rabat, no solo por tumbar los acuerdos, sino porque además la justicia europea otorga al Polisario reconocimiento internacional.
El 91% de las capturas que prevé el acuerdo pesquero proviene de aguas saharauis, en las que se permite faenar a 128 barcos europeos, entre ellos 92 españoles, la mayoría andaluces y canarios. Por eso España es el Estado de la UE más afectado por la sentencia, desde el punto de vista económico y político, pues puede introducir un nuevo obstáculo en el proceso de recuperar las relaciones bilaterales entre Madrid y Rabat, muy deterioradas tras la entrada a Ceuta de miles de personas, provocada por Marruecos como respuesta a la estancia en España del líder del Polisario, una crisis en la que la UE se alineó claramente con España.
La sentencia europea es un nuevo escollo en la relación Marruecos-UE y un gran espaldarazo para el Polisario.
